Seguridad y soberanía alimentaria: Elementos para un marco integrado de políticas

La preocupación por la inseguridad alimentaria aparece como un problema relevante en el contexto de la crisis del alza de precios de los alimentos durante 2008-2009, que fue agravada por efectos de sequías y eventos climáticos extremos. Sin embargo, el problema alimentario en El Salvador tiene raíces que se remontan al carácter marginal de la producción de alimentos básicos durante el modelo agroexpotador, a lo que se ha sumado el efecto de las medidas de política que en los noventa privilegiaron la liberalización de precios, el incremento de la importación de alimentos y una seria reducción del soporte institucional estatal para la asistencia técnica, investigación y sistema de abastecimiento.

Desde 2009 se evidencia un énfasis en la política social bajo un enfoque de derechos que incluye la creación de políticas y la definición de un ente rector para abordar la problemática alimentaria y nutricional, al mismo tiempo diversos actores sociales se movilizan para promover el reconocimiento constitucional del derecho a una alimentación adecuada y una propuesta legislativa para la seguridad y la soberanía alimentaria. El nuevo período legislativo 2015- 2018 y el vencimiento en 2015 de la actual Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional abre una nueva posibilidad de promover acciones de incidencia para el reconocimiento de este derecho, pero también para la promoción de cambios institucionales que permitan una mayor coordinación interinstitucional, la articulación con la dimensión territorial y el impulso de un sistema alimentario basado en la agricultura sustentable.

En las últimas décadas, la inseguridad alimentaria emergió como un problema cuyas manifestaciones alcanzaron niveles críticos. Sin embargo, la inseguridad alimentaria en El Salvador tiene orígenes históricos y estructurales que se han magnificado como resultado de nuevos desafíos derivados de los impactos de eventos extremos asociados con la variabilidad y el cambio climático.

Durante la etapa de implementación del modelo agroexportador en El Salvador, el cultivo de granos básicos – particularmente maíz y frijol – quedó relegado a realizarse en pequeñas parcelas generalmente en zonas de laderas y tierras marginales como resultado de los acelerados procesos de concentración de la tierra dedicada a los cultivos de exportación – café, algodón y caña de azúcar. La producción de granos básicos para el autoabastecimiento jugó un rol clave para el funcionamiento del modelo agroexportador, pues complementaba las limitaciones propias de la estacionalidad del empleo demandado en las cosechas de los cultivos de exportación. Además de la producción de subsistencia, hubo intentos de elevar la productividad agrícola a través del uso intensivo de agroquímicos, buscando abastecer de alimentos a la población urbana.

Desde la década de los noventa, la implementación de políticas enmarcadas en el Consenso de Washington, significó cambios sustanciales que repercutieron en la producción alimentaria: se liberalizaron los precios de los granos básicos; se abolió el Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA); se redujo el sistema de investigación y extensión agrícola; se eliminaron las políticas crediticias para la producción agrícola; y se promovió el mercado de tierras agrícolas para usos urbanos. La liberalización comercial y la desgravación arancelaria, junto con la posterior suscripción de diversos acuerdos comerciales, incidieron sustancialmente para que El Salvador se convirtiera en un importador de maíz, frijol y arroz. En conjunto, estas medidas de política socavaron los pilares fundamentales de la producción alimentaria, pasando a depender cada vez más de la disponibilidad de alimentos por la vía de las importaciones. La disponibilidad de divisas por el fuerte influjo de remesas motivó cambios como los anteriores, que formaban parte de una estrategia más amplia que buscaba la promoción del comercio y los servicios como sectores estratégicos de captación de las remesas.

Desde finales de la década anterior y los primeros años de la presente, la dependencia de la disponibilidad alimentaria por la vía de las importaciones alcanzó niveles críticos, como resultado de los recurrentes impactos de sequías, depresiones tropicales y huracanes que afectaron a toda la región centroamericana. Las proyecciones a mediano y largo plazo indican que la variabilidad y el cambio climático impactarán de manera directa y sustantiva en la productividad de diversos cultivos, como los granos básicos y el café, con repercusiones aún más graves en las condiciones de empleo e ingresos en diversos territorios del país, particularmente en la zona oriental, donde la incidencia de la sequía es mucho mayor.