REVALORIZANDO COMUNIDADES Y TERRITORIOS

Gobernanza Ambiental, Territorial y Desarrollo en El Salvador: El caso del Bajo Lempa

04 de noviembre de 2013

Compartir en:

Autores: Nelson Cuéllar, Fausto Luna,

Oscar Díaz y Susan Kandel

El Bajo Lempa fue un territorio clave para la consolidación del modelo agroexportador que predominó en El Salvador hasta finales del siglo XX, así como un importante espacio de construcción de nuevas expresiones sociales y productivas por parte de pobladores desplazados durante la guerra que se asentaron en esa zona como resultado de programas de repatriación y reinserción luego de la finalización del conflicto interno salvadoreño. En el Bajo Lempa se han desatado procesos relevantes de construcción de capacidades organizativas e institucionales para el desarrollo social y productivo, incluyendo el despliegue de nuevos arreglos para la gestión del riesgo ante la variabilidad y el cambio climático.

El Bajo Lempa refleja con bastante nitidez los desafíos e implicaciones para la gobernanza ambiental y el desarrollo del país. Los alcances de la degradación ambiental heredada por el viejo modelo agroexportador en ese territorio, ahora magnificados por el cambio climático, hacen del Bajo Lempa uno de los territorios más vulnerables en el pacífico centroamericano. Sin embargo, el potencial productivo de ese territorio, tanto por los recursos naturales y los servicios ecosistémicos aún existentes (tierra, playas y zonas costeras, recursos pequeros, etc.), como por su ubicación para la consolidación de estrategias de promoción de corredores y servicios logísticos (provisión de mano de obra, provisión de materias primas y alimentos, etc.), están reconfigurando el rol del Bajo Lempa y de la Franja Costero-Marina del país, como territorios claves para un nuevo ciclo de promoción del crecimiento, la inversión y el empleo. En este contexto, resaltan nuevos desafíos para la gobernanza ambiental y territorial, de modo que la implementación del conjunto de estrategias económicas no sólo no atropelle iniciativas locales de desarrollo, sino que además, no deriven en procesos que pongan en riesgo los derechos de las comunidades locales, ni en impactos socio-ambientales que aumenten aún más la vulnerabilidad existente.