Del Pago por Servicios Ambientales a la Compensación por Servicios Ecosistémicos

Los términos “servicios ambientales” y “pago por servicios ambientales” (PSA) tienen una connotación económica. Se considera que los “servicios ambientales” (captura de carbono, regulación hídrica y conservación de biodiversidad) no han logrado un reconocimiento en los mercados, por lo que esos beneficios se presentan como “externalidades” positivas. Los “mercados de servicios ambientales” o el “pago por servicios ambientales” se ven entonces como las alternativas para “internalizar” la provisión de dichos servicios en las decisiones de los actores que se relacionan con los ecosistemas, favoreciendo así la protección o mejora de tales ecosistemas.

Sin embargo, han surgido interrogantes sobre si tales esquemas abren oportunidades o si generan nuevas amenazas para comunidades campesinas e indígenas. Si esos grupos no cuentan con derechos amplios y seguros a la base de recursos naturales, las posibilidades de participar en mercados y esquemas de PSA son escasas. Los mercados y esquemas de PSA incluso pueden socavar los derechos de esos grupos, cuando actores de mayor poder logran ampliar sus derechos a costa de los derechos de comunidades indígenas y campesinas con menos recursos y poder. Por tanto, no sorprende que existan voces de rechazo a los esquemas de “pago por servicios ambientales”, tal como ocurre con la Declaración de Puyo, donde representantes de comunidades indígenas, campesinas y afroecuatorianas, demandaron “(…) la NULIDAD de todos los contratos de venta de servicios ambientales que afectan los territorios de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y comunidades campesinas del Ecuador”.