De participantes a Co-Diseñadores: El caso de los pueblos Bribri y Cabécar

Costa Rica tiene una larga trayectoria de políticas públicas para la regulación y protección de los bosques. Entre ellas destaca el Programa de Pago por Servicios Ambientales (PPSA). Según el gobierno de Costa Rica el PPSA fue un elemento clave de la recuperación forestal que ha experimentado el país en las últimas décadas convirtiendo los bosques nacionales en sumideros netos de gases de efecto invernadero2. Tales éxitos otorga al país una notoriedad internacional sobre temas forestales que aprovechó en 2008 al proponer, en conjunto con Papúa Nueva Guinea, la creación del mecanismo REDD en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). A partir de esa fecha está en proceso la construcción de la Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD) basada sobre los éxitos del PPSA.

Desde el inicio del PPSA hasta las más recientes negociaciones de la ENAREDD, los pueblos indígenas, en particular los que conforman la RIBCA, han sabido aprovechar estas oportunidades para fortalecer sus medios de vida y sus instituciones para garantizar la gobernanza de sus territorios. A pesar de que el PPSA no fue diseñado para la participación de los territorios indígenas estos, a través de los años, han pasado a ser zonas prioritarias para el programa. Las Asociaciones de Desarrollo Integral Indígena (ADII), autoridades territoriales reconocidas por el gobierno desde la ley indígena de 1977, demostraron éxito en la conservación no solo de las áreas bajo PSA, sino de la integralidad de sus territorios. También han comprobado el saber manejar los fondos del PSA para el desarrollo de sus comunidades y la consolidación de sus estructuras de gobernanza. A lo largo de su interacción con el PPSA han logrado varias reformas con el fin de que este programa respete sus culturas y prácticas tradicionales. Este esfuerzo se prolonga en la más reciente negociación de un PPSA indígena en el marco de la ENAREDD.