Áreas Protegidas en Panamá: Un obstáculo para el reconocimiento legal de las tierras y los territorios indígenas

Los pueblos Emberá, Wounaan y Guna se viven a lo largo del bosque lluvioso Darién en el este de Panamá, repartidos entre varias comunidades y millones de hectáreas de bosques tropicales casi intactos que conectan el Corredor Biológico Mesoamericano al norte con el Darién-Choco al sur.

Panamá tiene una larga historia de reconocimiento de los derechos indígenas a sus tierras y territorios, desde la Revolución Guna y la creación de la primera Comarca indígena por parte del pueblo Guna en 1938 y continuando con la creación de cuatro Comarcas hasta el año 2000. Una Comarca se define como una reserva semi-autónoma de tierras indígenas. En 1983 se estableció otra Comarca para los pueblos Emberá y Wounaan, que consta de dos distritos separados, Cemaco y Sambu, ambos en el extremo oriental de Panamá. Dos Comarcas más – Madugandi y Wargandi – fueron creadas en 1996 y 2000, respectivamente (junto con la Comarca Ngäbe Buglé en el oeste de Panamá, en 1997).

Desafortunadamente, muchas de las comunidades Emberá y Wounaan se encontraban fuera de la zona donde se estableció la Comarca Emberá Wounaan y han permanecido fuera del marco legal sin el reconocimiento debido a los derechos sobre sus tierras ancestrales. La falta de títulos legales que demuestran la tenencia y los límites físicas de la tierra ha causado que los pueblos indígenas en Panamá, así como en otros lugares, sean vulnerables a la apropiación de tierras por empresas privadas o sujeto a invasiones por agricultores, ganaderos y madereros ilegales. Por lo tanto, el camino hacia la seguridad territorial indígena ha sido larga y persistente a través de la historia Panameña. En el 2008, después de muchos años de lucha, los pueblos indígenas de Panamá ganaron la aprobación de la Ley 72, que establece los derechos y los procedimientos para titular las tierras indígenas colectivas fuera de las Comarcas.

Esta publicación es parte de una serie de estudios para el Informe “Conservación y derechos comunitarios: Lecciones de Mesoamérica”