Los guardianes de los bosques que también atienden una crisis migratoria
Durante los últimos días de octubre de 2024 se desarrolló la COP16 de Biodiversidad en Cali, Colombia. Diversas delegaciones de comunidades locales, indígenas y afrodescendientes asistieron para recordar una vez más, que la protección de la biodiversidad y la defensa de ecosistemas críticos para nuestro planeta parten de garantizar sus derechos.
El respeto de su cosmovisión, el reconocimiento de la autonomía de sus territorios y, sobre todo, la garantía de su participación efectiva en la toma de decisiones sobre sus territorios es fundamental para que estas comunidades mantengan la interconexión integral con sus paisajes y recursos que preserva la biodiversidad de sus territorios. Hoy en día esa interconexión se basa en la conjugación de conocimientos y prácticas ancestrales, así como abordajes y técnicas modernas de manejo sostenible de los recursos naturales, que dan como resultado territorios más resilientes.
En Mesoamérica en particular, la conservación de las áreas forestales más ricas en biodiversidad es liderada por pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales. Su labor de resguardo la desarrollan en contextos complejos en donde convergen diversas dinámicas, enfrentándose en primera línea con amenazas como la expansión de monocultivos, incendios forestales, la tala ilegal, o el narcotráfico.
Una zona que ejemplifica la convergencia de estas dinámicas es el bosque del Darién, frontera natural entre Colombia y Panamá, en donde la migración masiva que atraviesa los territorios de los pueblos Guna, Emberá y Wounaan, está presionando a los recursos naturales. También pone en tensión los sistemas de gobernanza indígenas que han permitido conservar uno de los cinco grandes bosques de Mesoamérica.
Esta crisis migratoria ha renovado el interés por parte de diferentes actores en la región, en donde sus apuestas oscilan entre un enfoque humanitario que reconoce el derecho a migrar y otro de “securitización” de las fronteras, que cataloga a la migración como una amenaza para la seguridad nacional de los territorios de paso y de destino. Los gobiernos promueven estrategias que responden a lógicas electorales, las organizaciones humanitarias brindan asistencia de forma aislada y las organizaciones criminales aprovechan los vacíos que habilitan estas estrategias descoordinadas.
Las contradicciones en la atención de la crisis migratoria se suman a un abandono y exclusión histórica por parte del Estado hacia las comarcas indígenas que habitan el Darién. Nuevamente, las decisiones sobre una dinámica latente en sus territorios son tomadas por actores externos, que en gran medida desconocen y niegan los derechos territoriales y de autonomía de los pueblos indígenas.
Las comunidades indígenas por su parte son quienes atienden en primera instancia a las personas en tránsito, brindando apoyo con servicios de alimentación, transporte y resguardo temporal. Sin embargo, sus recursos no son suficientes para garantizar la sostenibilidad de estas respuestas locales y los esfuerzos de otros actores por palear la crisis no están orientados a fortalecerles.
Las capacidades de las comunidades locales para atender la crisis humanitaria de la migración están siendo rebasadas, lo que deriva en otras problemáticas que transforman rápidamente sus medios de vida tradicionales. El flujo masivo de personas trae consigo una descontrolada producción de desechos sólidos que contamina el bosque y sus principales fuentes de agua. La presencia de bandas criminales ha aumentado la exposición y acceso a drogas para la juventud. Asimismo, la normalización de situaciones de precariedad impacta en la salud psicológica y emocional de las familias. Adultos y niños han interrumpido su formación y abandonado los medios de vida tradicionales, transformando las actividades económicas que estas comunidades han practicado por siglos, en particular las actividades agrícolas.
La atención internacional en el bosque del Darién está puesta sobre la dinámica migratoria o en esfuerzos exclusivos de conservación, pero no en los actores territoriales que están enfrentando en primera línea ambas dinámicas.
Por esta razón, en el marco de la COP16, representantes de pueblos indígenas de Colombia y Panamá acordaron coordinar esfuerzos para exigir a los Estados que les incluyan en las discusiones sobre la migración y en la búsqueda de soluciones comunes para garantizar los derechos de sus pueblos y de las personas que atraviesan sus territorios en busca de mejores condiciones de vida. El desarrollo de este tipo de encuentros interculturales ofrece oportunidades para recordar que los conocimientos ancestrales y los sistemas de gobernanza tradicional ofrecen soluciones integrales para la protección y conservación de la biodiversidad frente a múltiples dinámicas, incluida la migración.