Las organizaciones territoriales como agentes de la democratización y la sustentabilidad
Las organizaciones locales, pueblos indígenas y pueblos afrodescendientes históricamente han reivindicado sus derechos de acceso, de manejo y de propiedad de la tierra y recursos naturales. Diversas prácticas de manejo sustentable son la base de sus medios de vida, por lo que su participación en la gobernanza de los territorios rurales de Centroamérica se vuelve clave para fortalecer los esfuerzos por frenar la degradación ambiental, construir resiliencia y fomentar visiones más inclusivas del desarrollo.
El conflicto social que derivó en las luchas armadas en los años 70 y 80 en la región respondió en parte a las exigencias de diversas organizaciones territoriales por un acceso más equitativo a la tierra y el reconocimiento de derechos ancestrales. En la década de 1990 los acuerdos que permitieron la finalización de los conflictos buscaron reafirmar una serie de derechos incluyendo la habilitación de espacios de participación política. Esto permitió que sectores previamente invisibilizados como la población rural, juventudes y mujeres, se organizaran y participaran en la creación de alternativas que buscaban avanzar hacia sociedades más democráticas, inclusivas y sustentables.
Durante el período post conflicto estas organizaciones territoriales fueron impulsoras de la democratización en los territorios rurales al promover una serie de arreglos institucionales que permitieron el reconocimiento de sus derechos y un manejo más sustentable de los recursos naturales, a partir de procesos participativos e inclusivos. Sistemas de gobernanza basada en derechos de las poblaciones rurales emergieron y en algunos casos se institucionalizaron.
Sin embargo, el proceso de democratización no logró sobreponerse a diversos intereses económicos y políticos que constantemente han impulsado el despojo de tierras de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales. Si bien las economías centroamericanas ya no dependen críticamente de la agroexportación, recursos como la tierra, el agua y el subsuelo siguen siendo claves en las estrategias de acumulación de distintos sectores económicos, tales como los monocultivos de exportación, la generación de energía, la minería metálica, la explotación de hidrocarburos y el desarrollo de megaproyectos orientados a transformar la región en una plataforma de servicios logísticos vitales para el comercio, los servicios y el turismo.
A estas apuestas económicas, se le suman economías ilícitas como la trata de personas y el tráfico de drogas y de armas, actividades que se desarrollan en complicidad entre actores públicos y privados. Una estrategia que está siendo utilizada cada vez más en la actualidad es la desposesión violenta de tierras para facilitar el lavado de dinero a través del cultivo de palma africana y de la ganadería.
En las últimas décadas las políticas impulsadas por los estados centroamericanos coexisten en constante contradicción: por un lado, existen estructuras que con poco apoyo financiero deben velar por la protección social, laboral, la gestión ambiental y el desarrollo rural. Por otro lado, operan entidades estatales que facilitan la expansión de dinámicas que favorecen la acumulación a partir de la explotación de los recursos naturales y procesos de exclusión, generando diversos conflictos socioambientales. Con frecuencia, los estados atienden estos conflictos recurriendo a sus aparatos coercitivos, criminalizando, reprimiendo y amenazando la vida de personas y organizaciones defensoras del territorio.
Frente a estas dinámicas que profundizan patrones de despojo y severa degradación ambiental, las organizaciones territoriales siguen ofreciendo alternativas para revalorizar la tierra más allá del carácter productivo, convirtiéndola en fuente de identidad social y en espacios para el despliegue de prácticas de sustentabilidad e inclusión.
Las comunidades rurales, pueblos indígenas y afrodescendientes continúan defendiendo sus territorios, asumiendo a la vez un rol protagónico en los debates sobre sustentabilidad, la defensa de derechos y espacios institucionales que, aunque de forma limitada, les permite actuar desde sistemas de gobernanza propios. Sin embargo, La defensa de modelos de desarrollo alternativos, que retan las lógicas extractivistas, les coloca en la mira de actores que movilizan a instituciones del estado para criminalizarles y reprimirles.
En ese sentido, las limitaciones a la libertad de expresión en el espacio público, el cierre de espacios de interlocución, la erosión del estado de derecho, el bloqueo de apoyos financieros y el atentado en contra de la vida misma de las personas defensoras de los territorios, no solo responde a tendencias autoritarias en el sistema político, también responden a procesos económicos que buscan mantener el control sobre los territorios rurales y sus recursos naturales.
En un contexto de avance de los autoritarismos en Centroamérica, cabe recalcar el aporte de numerosas organizaciones territoriales a la democratización, a través de la co-creación de arreglos institucionales basados en prácticas de sustentabilidad e inclusión. Estas experiencias no solo merecen ser fortalecidas y sistematizadas por su valor para las mismas organizaciones, también es importante reconocer su impacto en la cultura política de los territorios, y de la sociedad civil más amplia.