El tapón del Darién: bosque, territorio indígena y ruta migratoria
En el este de Panamá se encuentra la región con la mayor extensión forestal del país, el Tapón del Darién, delimitada por la provincia del Darién, la Comarca Emberá-Wounaan y los corregimientos de Tabualá y Puerto Obaldía de la Comarca Guna Yala. Esta región es el hogar de los pueblos indígenas Guna, Emberá y Wounaan, quienes a través de años de lucha han conseguido diversas formas de reconocimiento de sus derechos territoriales colectivos, y quienes también históricamente han sido guardianes de uno de los cinco grandes bosques de Mesoamérica. Este bosque es considerado como uno de los más ricos en carbono del trópico, que además alberga una mayor diversidad de especies tropicales.
Los Guna, los Emberá y los Wounaan cohabitan este territorio, basando sus medios de vida en una combinación de prácticas y conocimientos ancestrales, junto con formas modernas de manejo sostenible de los recursos naturales. Dentro de la provincia del Darién, también hay zonas habitadas por estos tres pueblos indígenas bajo la figura de Tierras Colectivas, organizaciones territoriales que al igual que las Comarcas, son reconocidas legalmente por el Estado Panameño.
El Darién como corredor migratorio
La región del Darién es una frontera natural y corredor biológico entre Colombia y Panamá. El tránsito de poblaciones locales ha sido una práctica usual, pero la movilización a gran escala entre Centroamérica y Suramérica siempre se ha visto limitada por el abrupto terreno forestal que ha dificultado la finalización de la carretera Panamericana.
Sin embargo, desde el año 2021, los habitantes del Darién están experimentando un aumento en la circulación de personas en sus territorios. Esto responde a una nueva dinámica migratoria: según cifras del gobierno panameño, a finales del año 2022, 240,000 personas de diferentes nacionalidades recorrieron esta región, su mayoría dirigiéndose hacia Estados Unidos.
De acuerdo con diversos registros, se estima que, en el año 2023, entre 390,000 y 520,000 personas recorrieron estos territorios indígenas. La mayoría de las personas que se han visto forzadas a migrar provienen de Venezuela, Ecuador, Haití, China y Afganistán. Más allá de sus diferencias socioculturales, muchas de estas personas comparten la experiencia de haberse enfrentado en sus países de origen a crisis sociales, ambientales o climáticas.
Desde organizaciones que brindan ayuda humanitaria, medios de comunicación e instituciones estatales, se han realizado diversos esfuerzos por visibilizar los riesgos que conlleva emprender un viaje a través de la selva del Darién. En esta ruta migratoria, las personas se enfrentan a un clima y geografía sumamente desafiantes, al igual que a bandas criminales que ejercen diferentes formas de violencia. En este marco, se ha construido una narrativa del “tapón del Darién” que se presenta como un lugar hostil en el que grupos de personas ajenas al territorio desarrollan diversas actividades ilícitas como la tala ilegal de árboles y el trasiego de drogas y de armas. El tráfico internacional de personas migrantes a través de estas rutas es también liderado por actores ilícitos. Esta narrativa ha desdibujado la presencia de los pueblos indígenas en la región, al igual que las transformaciones que han ocurrido en sus tierras a raíz de esta dinámica migratoria.
Respuestas ante una crisis humanitaria
Este contexto pone el bosque que históricamente han protegido y la cohesión social de sus comunidades frente a presiones ajenas a su cosmovisión indígena, y sus bienes comunes y particulares se ven comprometidos por las necesidades crecientes de personas migrantes en tránsito.
Sin embargo, los impactos de la dinámica migratoria varían entre una comunidad y otra. Las rutas cambian constantemente, como respuesta a diferentes estrategias de contención por parte de instituciones gubernamentales, el clima y otros factores. En los momentos más críticos de movimientos migratorios, comunidades habitadas por pocos cientos de personas, ven pasar por su territorio miles de personas migrantes en un solo día.
Las comunidades indígenas y sus autoridades comprenden que la migración en su configuración actual es un fenómeno complejo y multicausal, por lo que las diferentes estrategias que han puesto en práctica para atender esta crisis parten del reconocimiento de los derechos humanos de las personas que atraviesan sus territorios en busca de mejores condiciones de vida.
Además, las autoridades indígenas del este de Panamá han buscado mantener un diálogo con instituciones estatales con el objetivo de procurar un paso ordenado y seguro a través de sus territorios. Por ejemplo, dentro de las Comarcas, las comunidades se han organizado para apoyar a las personas migrantes para transitar por sendas conocidas hacia la provincia de Darién, agilizando el paso y minimizando los riesgos. A pesar de que esto fue acordado y consentido por instancias gubernamentales, en ocasiones ha derivado en la criminalización de personas indígenas.
Entre los esfuerzos por mitigar los impactos en sus territorios, destacan iniciativas locales como la impulsada por la comunidad de Carreto, en Gunayala, que se organizó para construir con recursos propios áreas temporales de descanso para las personas migrantes, compuestas por estructuras básicas que protegen de la intemperie y servicios sanitarios.
En el caso de la Comarca Emberá-Wounaan las autoridades indígenas de la comarca coordinaron con los nokora de las comunidades del río Turquesa, para organizar el acompañamiento y traslado en piraguas de las personas migrantes a través de su territorio hasta la Estación Temporal de Recepción Migratoria (ETRM) de Lajas Blancas. Ese flujo constante y masivo de personas ha generado la acumulación de desechos sólidos en el bosque y en las principales fuentes de agua de las comunidades. Ante esto, también se han organizado para la recolección y traslado de estos desechos hacia fuera de la Comarca, como una medida de seguridad sanitaria.
Pese a todo, las comunidades indígenas ven sus capacidades para atender y proveer apoyo a las personas migrantes rápidamente rebasadas. A pesar de sus esfuerzos sostenidos, las autoridades indígenas ven como sus pueblos son borrados de las narrativas sobre la migración en los discursos oficiales y coberturas mediáticas. Esto se combina con una práctica de exclusión en la que no se les consulta sobre cómo atender problemáticas latentes en sus territorios, ni se considera su participación dentro de los espacios oficiales habilitados para la construcción de estrategias en el marco de la crisis migratoria. Tampoco se les apoya en el fortalecimiento de sus propias respuestas locales.
La necesidad de establecer espacios de diálogo y articulación es evidente, pues las agencias de ayuda humanitaria y la propia institucionalidad pública también están siendo desbordadas por la cantidad de personas migrantes y las complejidades del territorio.
Espacios de diálogos amplios e inclusivos, podrían dar paso a construir soluciones comunes que partan de un consentimiento previo, libre e informado por parte de las comunidades indígenas y que garanticen los derechos tanto de las personas migrantes como de las comunidades locales.