Análisis de coyuntura en Mesoamérica: implicaciones para la gobernanza territorial
La Fundación PRISMA convocó a un conversatorio para reflexionar sobre el contexto que enfrentan países y territorios subnacionales en Mesoamérica, luego de un año marcado por múltiples desafíos que amenazan con profundizar las condiciones de pobreza, exclusión, violencia y erosión del Estado de Derecho en esta región.
Reunidos de forma virtual, diferentes expertos, funcionarios de la cooperación internacional, así como académicos de dentro y fuera de la región, compartieron sus planteamientos sobre diversos aspectos de la coyuntura actual. Los participantes concuerdan en que los sucesos del año 2020 pusieron en evidencia un modelo de sociedad y de organización económica “obsoleto desde la perspectiva de dignidad de la persona”, responsable de un conjunto de “instituciones excluyentes, débiles y vulnerables, que no construyó resiliencia”. Así lo evidencia el nivel de mortandad causado por la pandemia, la insuficiencia de las políticas y programas de protección social para responder a la desaparición de fuentes de ingreso, como también los diversos desastres de origen climático que “desnudaron las mismas condiciones de vulnerabilidad que se tienen desde hace 22 años con el [Huracán] Mitch”. No dejó de señalarse que estas condiciones son resultado de políticas que normalizaron la subordinación del aparato de Estado a las dinámicas del mercado. La misma enfermedad, por su origen zoonótico, puede verse como producto de una relación extractivista entre sociedad y naturaleza. Desde esta perspectiva, “volver a la normalidad no es una opción”.
En este sentido, una de las principales advertencias hechas durante el evento se refiere al tipo de reactivación económica que comienza a observarse todavía en medio de la pandemia. Así, se llamó la atención a un fenómeno de reprimarización de las economías a lo largo de la región latinoamericana, en la medida que sectores como el agropecuario y las industrias extractivas han ganado importancia como fuentes de divisas y de ingresos fiscales ante el impacto de la pandemia en otros sectores como turismo y construcción. A lo anterior hay que sumar las implicaciones del endeudamiento y de los paquetes de financiamiento entregados por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) a los gobiernos centroamericanos. Por otra parte, muchos pronosticaban que las remesas iban a caer durante la pandemia, y ha sucedido lo contrario. Sin embargo, es difícil anticiparse a cuál será la dinámica de los flujos migratorios y de remesas.
Las tendencias señaladas levantan diversas alarmas. Durante el conversatorio se manifestó preocupación ante posibles ajustes fiscales en el futuro, dado el crecimiento de la deuda pública en varios países. También se advirtió que instituciones financieras como el FMI o el Banco Mundial (BM), así como el departamento de Estado, tendrán un peso aún más grande en la región. Desde una perspectiva más amplia, se planteó la falta de cuestionamiento al modelo extractivista y sus implicaciones para la vulnerabilidad social, económica y ambiental: “lo menos que hay que hacer es volver a lo anterior porque es la dinámica responsable de la crisis actual”.
En el ámbito político, la pandemia y los desastres de origen climático han puesto en evidencia falta de capacidades técnicas y logísticas en los gobiernos, golpeando los niveles de popularidad de la mayoría de ellos. También se han consolidado, o salido a relucir, según el caso, distintas prácticas y rasgos autoritarios. En el contexto de esta debilidad institucional, emergieron actores locales que respondieron ágilmente a las necesidades de las comunidades en el marco de la pandemia: gobiernos locales, iglesias, grupos de sociedad civil, ONG, etc., al menos en el corto plazo, dicha capacidad de respuesta local ha sido eficaz. “¿Quiénes son estos actores? ¿Desde dónde construyen sus capacidades?” son cuestiones pendientes de profundizar, evitando romantizar todas las respuestas locales.
No dejó de observarse, por otra parte, la debilidad o desmovilización de los movimientos ciudadanos que en años recientes desafiaron las tendencias autoritarias y corrupción en varios países de la región. Adicionalmente, las luchas por la inclusión social, política y cultural de los pueblos originarios y comunidades campesinas y afrodescendientes se han visto opacadas por la atención puesta a la pandemia. A lo interno de los países, no hay debate sobre el modelo extractivista, del cual no se desmarcan ni los gobiernos ni los partidos políticos de oposición. Vinculado a dicho modelo están los intereses de élites y actores ilícitos en los territorios, según una de las exposiciones “lo ilícito forma parte ya estructural en Centroamérica, tanto del mercado como del Estado”. Todo ello define un contexto complejo, en unos territorios más que otros. Ante ello, las organizaciones de pueblos originarios y poblaciones campesinas se han acercado a las instituciones académicas solicitando diversas formas de acompañamiento.
Para observadores externos a la región, las luchas por la defensa del territorio en Mesoamérica “arrojan aprendizajes, elementos de juicio y chispas de esperanza tanto para sí mismos como para otros”. Esto abre posibilidades a nuevas alianzas, incluso a nivel internacional. Sin embargo, el nivel de atención que los actores externos brindaban a Centroamérica no es el mismo que años atrás. “Aparecemos en el radar solamente cuando hay desastres nacionales o crisis migratorias o guerras”.
En este sentido, existe expectativa por cuál será la política de los Estados Unidos en los próximos años. El anunciado Plan Biden para los países del triángulo norte se enfocará en los temas de “Seguridad y Prosperidad”, con un relanzamiento de la agenda anti corrupción y de gobernabilidad, retomando líneas de acción de la administración Obama. También se habla de un paquete de 3 o 4 mil millones de dólares para abordar temas como el narcotráfico, el cambio climático y la migración. En comparación con la era Trump, la administración Biden podría resultar menos amenazante en lo inmediato, pero no está claro cómo se concretará.
La agenda de cambio climático de los Estados Unidos está orientada a los temas energéticos, y no retoma los retos de adaptación que resultan claves para la región centroamericana. Sin embargo, la vulnerabilidad a los desastres naturales puede servir como una entrada que permita construir un planteamiento que sea susceptible de ser incorporado en la política estadounidense para la región. Por ejemplo, el impacto de los huracanes Eta y Iota en las plantaciones del Valle de Sula, Honduras, presentan un ejemplo de cómo el cambio climático presenta un límite real a la reprimarización de la economía.
Las diversas dimensiones de la crisis dan la sensación de una situación sin salida, lo cual podría desempoderar a los actores. “¿Cómo crear narrativas que sean realistas pero que al mismo tiempo motiven?”, se preguntó uno de los asistentes. Ante ello se plantean dos formas de diseñar respuestas, posiblemente complementarias. Por una parte, partir “de lo que hay”: una especie de convivencia, de generación de espacios protegidos, o de “adaptación” ante el contexto. Por otra parte, pensar “lo que podría haber…imaginar futuros deseados”.
La buena noticia es que hoy en día la sociedad civil organizada cuenta con mucha más capacidad técnica y profesional: capacidades legales, de investigación, de comunicación, pedagógicas, por ejemplo. “A medida nos fortalecemos de esos aprendizajes y se enfatiza la creación de categorías alternativas, las luchas por los territorios se fortalecen y tal vez crean caminos más amplios”.